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Aduana señala que pagos no reemplazan trámite

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Foto:eldia Foto:eldia

La Aduana Nacional explica su versión sobre el jet incautado en Bolivia y afirma que sus acciones se enmarcaron en las normas vigentes en el país. Mientras que desde la oposición exigen una explicación transparente sobre el polémico avión.

 

El lujoso jet llegó a Bolivia en abril 2017 y hasta la fecha permanece en el aeropuerto El Trompillo. Desde Aduana se informó que este avión fue decomisado y nacionalizado, mientras que en la justicia se está tramitando el proceso.

Conocimiento. Referente a las declaraciones del diputado de Unidad Demócrata (UD) Tomás Monasterio, el Gerente general de la Aduana, Alberto Pozo, aseguró que ellos tomaron conocimiento del jet recién el 3 de marzo, por medio de una nota de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

Indicó que ellos respondieron a los propietarios en enero que no conocían nada respecto al jet, pero que meses después se conoció a profundidad de la aeronave.

Indicó que debido a esto, se realizó una verificación por medio de la Aduana regional y la administración de Viru Viru, donde se constató que no existía algún trámite en puerta por parte de los propietario del avión, por lo que se procedió a su decomiso en fecha 16 de marzo 2018, basados en los delitos tributarios aduaneros, en este caso contrabando.

Modificación. Sobre el  supuesto decomiso ilegal del avión,  explicó que en el momento del decomiso se levanta el acta de intervención y se remite al Ministerio Público para que esta instancia tome conocimiento y control de la situación, para después formalizar la querella.

Indicó que las normas fueron modificadas y que no se precisa tener una sentencia ejecutoriada para poder decomisar un bien. "Lamentablemente creo que el diputado denunciante no ha leído las normas, el Código ya ha sido modificado por dos leyes y ahora se puede proceder al decomiso y después se da parte al Ministerio Público, nosotros hemos hecho eso y aún estamos en el curso del proceso judicial", señaló.

Explicó que el Código Tributario boliviano del año 2003, fue modificado por la Ley 615 aprobada en el año 2004, seguida de la última modificación de la Ley 975 del 2017.

Indicó que la Ley 975 en su disposición séptima, establece que las mercancías abandonadas de forma voluntaria o de hecho cuyo propietario no haya solicitado el levante de las mismas con posterioridad a la notificación de la declaración de abandono, conforme a los plazos establecidos para este efecto, serán adjudicadas por la Aduana Nacional al Ministerio de la Presidencia, a título gratuito, exentas del pago de tributos aduaneros de importación, y los gastos concernientes a los servicios de almacenaje.

En esa misma línea, señaló que en la misma ley en la disposición octava inciso d, se indica que en caso que el Ministerio de la Presidencia, no considere necesario la adjudicación de ciertas mercancías contenidas en el inventario, las mismas quedarán a disposición de la Aduana Nacional para su posterior subasta pública que podrá ser efectuada hasta seis (6) veces por año sin precio base.

Trámite y pagos. Pozo se refirió a las facturas que existen por cancelación de pernocte de los propietarios del jet a la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (Aasana), señalando que estos no reemplazan el trámite de admisión que se debió hacer desde un principio. "La admisión temporal de acuerdo al reglamento de Aduanas, dice que pueden ingresar y permanecer hasta dos años siempre y cuando se haya presentado la boleta  o el trámite de admisión, sin embargo en este caso la aeronave no hizo nada, solo la cancelación de la estadía del avión. Eso es muy diferente, es como pagar por estacionamiento y otro es hacer trámite legal para su permanencia en suelo boliviano. El tema del pago o no, no es con nosotros es específicamente de Aasana, con nosotros es el trámite de legalidad", añadió la autoridad.

Observación. Monasterio cuestionó las declaraciones de la autoridad aduanera e insistió que existen irregularidades en torno a este caos, por lo que pidió una información transparente a las autoridades nacionales.

Al mismo tiempo, ratificó su pedido de renuncia de las máximas autoridades de la DGAC, no solo por el caso del jet, sino por otros que a decir de él generan dudas y críticas en sus funciones.

Adelantó la posibilidad de iniciar una demanda penal, en contra de las autoridades nacionales involucradas en el caso del lujoso jet incautado.

30 Días
De plazo tenían los propietarios para iniciar el trámite de admisión con Aduana.

Fuente:Eldia

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