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Fiscalía investiga a dueños del jet y Aduana ratifica decomiso de la nave

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La aeronave Super Mid-Size Gulfstream GIII decomisada en Santa Cruz. | APG La aeronave Super Mid-Size Gulfstream GIII decomisada en Santa Cruz. | APG

En base a un informe remitido por la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) , el Ministerio Público inició una investigación para determinar la identidad de los propietarios del jet Super Mid-Size Gulfstream GIII, con placa de control N557 JK, que fue incautado por la Aduana y adjudicado al Ministerio de la Presidencia. Según el fiscal departamental de Santa Cruz, Freddy Larrea, existen delitos aduaneros, ya que la aeronave no cuenta con una autorización temporal para permanecer en el país ni tampoco una autorización de importación para fines comerciales. En tanto, la Aduana aseguró que no hay posibilidad de devolver a la nave, a pesar de que el ministro de Obras Públicas, Milton Claros, había abierto esta posibilidad si la empresa pagaba las deudas.

 

“Esto se ha puesto también bajo control jurisdiccional y se están haciendo otros actos investigativos para determinar quiénes serían los propietarios y a partir de ahí continuar una investigación conforme a derecho”, explicó el fiscal.

Larrea agregó que, de momento, no se ha presentado al Ministerio Público ninguna persona en calidad de responsable de la aeronave, pero indicó que se está pidiendo las certificaciones correspondientes para avanzar en el proceso y, en caso de que apareciera algún propietario, “se proceda a citarlo como corresponde”.

Sin embargo, el diputado de Unidad Demócrata (UD), Tomás Monasterio, informó que el lujoso avión arribó a Bolivia proveniente de México con toda la documentación en orden, pero que no pudo retornar a ese país por problemas de mantenimiento. Sin embargo, manifestó que el avión no fue abandonado al demostrar tres facturas que constatan el pago a la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (Aasana) por concepto de pernocte de la aeronave. Las tres facturas suman un monto de 68.044 bolivianos.

Dichas facturas fueron emitidas por Aasana entre el 4 y el 5 de diciembre de 2017 a nombre de Ricardo Javier Torres Mayet y del Bank of Utah Trustee. “No entiendo cómo es posible que la DGAC (Dirección General de Aeronáutica Civil) y la representante nacional de la Aduana vengan a sostener algo que está en los documentos, que cursa en el legajo de la documentación. ¿Qué es lo que quieren, justificar lo injustificable?”, cuestionó el parlamentario opositor.

Monasterio aseguró contar con más información referente al caso y que llegará a descubrir a la persona que pretendía beneficiarse con la adjudicación del avión.

El pasado viernes, la presidenta de la Aduana, Marlene Ardaya, informó sobre la incautación y posterior adjudicación al Ministerio de la Presidencia de esta aeronave valuada, según ella, en 10 millones de dólares. Argumentó que esa operación obedece a las normas vigentes y que no hay nada ilegal, ya que la nave había sido denunciada como abandonada por Servicios Aeroportuarios de Bolivia (Sabsa) El Trompillo.

El avión debió estar tres días, pero lleva 15 meses en Bolivia. La empresa Global Exec Aviation, propietaria del jet Super Mid-Size Gulfstream GIII, solicitó autorización a la DGAC para ingresar a Bolivia entre el 6 y el 9 de abril de 2017. La DGAC aprobó la solicitud y el avión llegó al aeropuerto Internacional de Viru Viru, en Santa Cruz, el 7 de abril.

Según el director de la DGAC, Celier Arispe, la empresa solicitó autorización para abandonar el país entre el lapso del 14 y 18 de abril. Dicha institución dio el visto bueno a esa solicitud, pero la nave no logró alzar vuelo “probablemente porque tenía un problema de manteniendo”. Arispe indicó que la DGAC volvió a recibir una solicitud para que la nave pueda salir del país entre los días 24 y 26 del mismo mes, pero tampoco se efectuó el vuelo.

 

DATOS

DGAC desconoce lo que transportaba el jet lujoso. El director de la DGAC, Celier Aparicio, indicó que el vuelo realizado por jet lujoso que aterrizó en Viru Viru, Santa Cruz, ahora retenido, era de carácter privado, por lo que desconoce lo que transportaba, a quiénes llevaba o los fines por los que llegó al país.

La nave está 15 meses en el país y tiene deudas. Según el informe preliminar, la aeronave aterrizó en abril de 2017 en Viru Viru y desde esa fecha no pudo salir del país por fallas mecánicas. Según Aasana, debe unos 35 mil bolivianos por pernocte.

 

MINISTRO CLAROS Y ADUANA SE CONTRADICEN POR DEVOLUCIÓN

El ministro de Obras Públicas, Milton Claros, informó que los propietarios del jet incautado por la Aduana pueden recuperarlo, pero deben pagar las multas y sanciones de reglamentación, pues indicó que solamente en Aasana tiene una deuda de 46 mil bolivianos. Sin embargo, la presidenta de la Aduana, Marlene Ardaya, descartó esta posibilidad. “Esta aeronave ha ingresado con permisos oficiales a Bolivia con un objetivo, a partir de aquello tenía que haber regularizado su permanencia por más de 30 días como establece la norma, además hay normativa en la Aduana”, dijo Claros. Descartó que se haya efectuado una incautación como manifestó la Aduana.

No obstante, Ardaya explicó que la aeronave pasó a ser de contrabando al permanecer 30 días en territorio nacional sin que sus propietarios regularicen su permanencia. “Por su puesto que no”, dijo al ser consultada sobre una posible devolución.

Fuente:Lostiempos

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