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Vinculan dotación de tierras en la Chiquitanía con 20% de incendios

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Un soldado cerca de un letrero que identifica un nuevo asentamiento, llamado Juan Evo, en Roboré. | Josué Hinojosa Un soldado cerca de un letrero que identifica un nuevo asentamiento, llamado Juan Evo, en Roboré. | Josué Hinojosa

Al menos el 20 por ciento de los incendios en la Chiquitanía, en Santa Cruz, que arrasaron con 1,7 millones de hectáreas pueden estar conectados con los nuevos asentamientos que se conforman a través de la dotación de tierras que realiza el INRA y los permisos que otorga la ABT.

El director del Centro para la Participación y Desarrollo Sostenible (Cepad), Carlos Hugo Molina, explicó que este es un momento muy sensible que tiene dos elementos: una sequía muy fuerte, porque en cuatro meses no cayó una gota, y la aparición de pequeños focos  de calor iniciales.

A eso se añade que las quemas  “se dieron de manera simultánea y conjunta”. Además, según Amigos de la Naturaleza “alrededor del 20 por ciento de los incendios de este año han sido nuevos”.

Molina considera que los nuevos incendios están relacionados con la denuncia que hacen desde hace tiempo por la presencia de nuevos colonos en tierras fiscales y que  pone en evidencia una manipulación electoral, porque muchas personas han sido registradas en municipios como San Rafael, San Miguel, San Ignacio de Velasco y San José.  

Dijo: “Esta combinación, sequía e incremento de nuevos focos, ha dado como resultado una preocupación mayor que este proceso haya sido llevado adelante por personas que no conocen el comportamiento de estas tierras y actúan de una manera que no corresponde”.

San José de Chiquitos

Sólo en San José hay 400 comunidades nuevas que se conformaron con la dotación de tierras del INRA.

Los colonos llegan de diferentes partes como Potosí y Cochabamba. También del interior de Santa Cruz de San Julián, Yapacaní y 4 Cañadas.

Los asentamientos están autorizados por el INRA y la ABT “pero son un atentado a una ocupación del territorio, sin ninguna planificación ni coordinación con el nivel nacional y municipal. El departamental tampoco está presente”, cuestionó el alcalde de San José, Germaín Caballero.

Desde un inicio la población rechazó el traslado de gente, incluso, luego de un cabildo, el ministro Carlos Romero y la entonces ministra de Tierras Nemesia Achacollo se comprometieron a coordinar y a que las comunidades del lugar tengan prioridad en la dotación;  sin embargo, “los asentamientos siguen”.

San Ignacio de Velasco

Hay 180 nuevas comunidades desde 2000 conformadas por personas que llegan del Chapare, San Julián y 4 Cañadas y se dedican a deforestar la tierra para  cultivar soya, sorgo y maní. Aunque la población pidió regular el traslado, esta acción es calificada de política y que no repercute en un cambio, explicó el alcalde Moisés Salser. 

 

Preocupa que este proceso haya sido llevado adelante por personas que no conocen estas tierras.(Carlos H. Molina)

 

CERCA DE 1.000 ASENTAMIENTOS

Desde la gestión 2013 a agosto de este año, el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) otorgó al menos 974 resoluciones de asentamientos a nuevas comunidades campesinas, interculturales e indígenas en la región de la Chiquitanía (Santa Cruz). Además, en los últimos seis años el desmonte subió aproximadamente un 317 por ciento. En 2013, la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) autorizó desmontar 62 mil hectáreas, mientras que en 2018 aprobó 259 mil.

 

FUERTE MIGRACIÓN Y LA LABOR QUE ASUME EL INRA

La fuerte migración del campo hacia las ciudades y particularmente a Santa Cruz que experimenta el país se acelera por el rol que juega el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) que entre 2013 y 2019 emitió 974 resoluciones para asentamientos en la Chiquitanía.

Al respecto, el director del Cepad expresó que los procedimientos que aplica el INRA son de “altísima preocupación, porque no sólo se trata de entregar tierras que no son aptas para cultivo, porque tienen vocación forestal, sino que es parte de un proceso que produce situaciones muy complicadas”.

Explicó que como consecuencia de los incendios se ha abierto una reflexión de parte del departamento de Santa Cruz como unidad territorial, “porque la dotación de tierras que tienen vocación forestal puede terminar disminuyendo la capacidad de bosques que el país necesita mantener”. Pero, además, puede destruir de manera complicada un equilibrio ecológico, porque a toda la zona de la Chiquitanía se la conoce como bosque seco que tardará unos 200 años en regenerarse.

Se estima que en 37 días de incendios forestales el fuego ha arrasado con 1,7 millones de hectáreas, por lo que, se considera el peor desastre al menos en la última década.

Sobre los nuevos asentamientos el ministro de Tierras, César Cocarico, manifestó antes que “muchas personas no quieren que gente del occidente vaya al oriente” y que ello es peligroso porque se pretende volver a escenarios del año 2008.

Fuente:Los tiempos

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