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Fallo del Ciadi es irreversible y Mesa acusa de omisión a la Procuraduría

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El expresidente Carlos Mesa junto a su abogado cuando presentaron el nuevo elemento para la investigación el pasado martes. | APG El expresidente Carlos Mesa junto a su abogado cuando presentaron el nuevo elemento para la investigación el pasado martes. | APG

El fallo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) es irreversible, por lo que Bolivia no puede acceder a una apelación o a un recurso de nulidad, según especialistas consultados por este medio. En tanto, el expresidente Carlos Mesa acusa al Gobierno de omisión para evadir la responsabilidad de la Procuraduría General del Estado.

 

A través de un correo electrónico, Mesa informó a Los Tiempos que hasta la fecha no fue notificado tras la denuncia interpuesta por la Procuraduría contra su persona y tres exministros de su gabinete por presunta conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.

El expresidente Carlos Mesa denunció que la empresa chilena Quiborax ganó el arbitraje internacional usando documentos falsos y que el Gobierno, en lugar de reaccionar institucional y procesalmente de manera categórica y contundente, dejó pasar este detalle.

Según Mesa, tras la denuncia de la Procuraduría se trabajó “intensamente” en la recopilación de documentos sobre el tema para que sean considerados por la Fiscalía para que, “como no puede ser de otra manera, rechace las acusaciones”.

Mesa cuestionó la omisión del procurador general del Estado, Pablo Menacho. “Omisión que, por supuesto, no tenía otra intención que evadir la grave responsabilidad de la Procuraduría al aceptar continuar en un proceso arbitral cuya base es nada más y nada menos que un documento falsificado”, afirmó.

El expresidente añadió que el Gobierno conocía que el acta fue falsificado por David Moscoso, accionista de Quiborax, porque la sentencia se dio a conocer el 14 de agosto de 2009 durante el Gobierno del presidente Evo Morales.

En tanto, el especialista en derecho internacional, Sergio Castro, explicó que las determinaciones de la Ciadi son inapelables y tampoco existe la posibilidad de acudir a un recurso de nulidad. “Los laudos arbitrales no se apelan, prácticamente están oleados y sacramentados una vez que se emiten”, dijo.

Añadió que lo que le queda a Bolivia es acudir a un proceso ejecutivo accionando el recurso denominado “derecho de repetición” para cobrar daños y perjuicios a los funcionarios públicos que actuaron en la defensa de Bolivia por perjuicios al Estado y negligencia.

En tanto, el especialista en derecho internacional Óscar Alba manifestó que las resoluciones de la Ciadi son inapelables y que el Gobierno debe acudir a un proceso interno para resolver la situación.

Por su parte, Menacho ratificó la denuncia contra Mesa y aseguró que su despacho hizo todo lo posible para dejar este caso sin efecto el laudo arbitral, pero no se pudo revertir.

 

OPOSITORES PIDEN INFORME ORAL A LA PROCURADURÍA

Legisladores de la oposición solicitaron el miércoles al procurador general del Estado, Pablo Menacho, que presente un informe oral sobre el fallo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) contra Bolivia, en el juicio interpuesto por la empresa chilena Quiborax.

El senador de la opositora Unidad Demócrata (UD), Edwin Rodríguez, señaló que Menacho debe explicar cómo fue el proceso del laudo arbitral en la Ciadi y el pago de 42,6 millones de dólares que hizo el Estado boliviano a Quiborax como compensación por la reversión de concesiones mineras en 2004.

En tanto, el presidente en ejercicio, Álvaro García Linera, dijo que Bolivia perdió en el Ciadi en el proceso contra Quiborax gracias a un error de procedimiento causado por el “espíritu gelatinoso” de quienes tomaron decisiones en el Gobierno de Carlos Mesa.   

El mandatario se refirió en específico al decreto lanzado en 2004 por el expresidente Mesa, mediante el cual se expropiaron 11 concesiones que estaban en poder de empresas chilenas en el salar de Uyuni. Dijo que dicha medida fue un error que incumplía la normativa boliviana.

“Aquí se tiene que pagar esos recursos por un error de procedimiento que había tomado el Gobierno de Bolivia, no nuestro gobierno, el  Gobierno de Carlos Mesa. Hemos tenido que pagar nosotros un mal error (...), aquí conscientemente se tomó una muy mala decisión”, afirmó en una conferencia de prensa.

Fuente:Lostiempos

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